Hace pocos meses, fui invitada a pronunciar una conferencia en la inauguración de un centro de observación de recursos costeros en Chubut, Argentina.

Hasta no hace mucho, más de uno se hubiera preguntado por qué se invitaba a alguien que estudia temas relacionados con la filosofía y la ética a participar en un seminario en el cual la mayoría de los participantes eran biólogos marinos.

En nuestro país en particular, es mucho lo que ha ido cambiando en los últimos años, especialmente desde la crisis que vivimos en 2001. Aunque, especialmente en este último año, cada vez tenemos más compañeros de ruta.

Entre otras cosas, muchos comprendimos que nos compete a nosotros como individuos y ciudadanos hacernos cargo de construir la sociedad que deseamos para nosotros y para nuestros descendientes.

Y ello no sólo por la sensación generalizada de que si no nos ocupamos, nadie lo hará por nosotros. Creo que fundamentalmente es porque en eso consiste ser un ciudadano en una sociedad democrática. En el caso de los presentes en el seminario, ciudadanos que tenemos el privilegio de una formación específica en distintas disciplinas. Y los privilegios, como es sabido, vienen acompañados, indisolublemente, de responsabilidades.

Nos enfrentamos con la necesidad de embarcarnos en una reflexión profunda sobre las implicaciones, efectos y consecuencias de nuestras acciones y también de nuestras omisiones. Y resulta por demás alentador que estemos dispuestos a hacerlo juntos: desde las ciencias biológicas y las ciencias humanas.

Hace algunos meses, la revista Science publicó un artículo que daba cuenta de las observaciones de un grupo de científicos que siguieron la migración de dos especies de aves del norte al sur. El autor decía, “Demuestra que la conservación de especies no depende de las acciones directas de una sola localidad, sino, como en este caso, de toda América.”

Los científicos del nuevo centro, CERMIC, se encuentran en una situación muy peculiar. Los recursos de los cuales se ocupan forman parte del patrimonio natural del país. A la vez, son compartidos por otros países, en distintos puntos del Atlántico. En consecuencia, esos mismos recursos conforman el patrimonio natural de otros países.

En cada caso, los científicos involucrados son responsables ante sus conciudadanos por el cuidado de ese capital: para las generaciones presentes y futuras.

Su trabajo se centra en su propio país y el manejo de los recursos naturales de la costa. Simultáneamente, está relacionado y se ve afectado por las acciones de otros países a lo largo de la costa oceánica, sobre cuyas decisiones y políticas no tienen ninguna influencia.

En vista de ello, sostengo que es necesario elaborar un marco normativo de justicia internacional con respecto a los recursos naturales y el ambiente que los acoge.

Decisiones y políticas que no se toman en el vacío, por una parte, y que afectan a todos y cada uno de nosotros, por la otra. La opción por determinadas políticas en relación con los recursos naturales –y la ausencia de políticas también es una política, generalmente la peor– determina el tipo de sociedad que un país elige para sí mismo. Y también la calidad de vida de la que podrán gozar –o padecer-. sus habitantes.

Esta opción puede ser explícita o implícita, puede haber contado con la participación de una parte de la sociedad o quizás estuvo abierta a la deliberación y participación públicas, con la información previa completa y relevante necesaria para tomar decisiones. En definitiva, considera que los ciudadanos son personas libres e iguales o no los ve como tales. Y las personas son libres si tienen la capacidad de ser miembros plenamente activos de la sociedad a la que pertenecen.

La noción de calidad de vida apunta a un trasfondo más básico que la fundamenta: el tipo de persona, y en consecuencia, el tipo de ciudadano alentado y generado por el modelo de sociedad elegido. La reflexión sobre este asunto nos involucra a todos, como individuos, profesionales, estudiantes, obreros –en síntesis, como ciudadanos. Debería conducirnos a evaluar si se trata de la noción de persona que realmente deseamos para todos los miembros de la sociedad.

La noción de persona que fundamenta este trabajo la ve como un ser moral libre, autónomo, igual a los demás y capaz de trazar su propio plan de vida en función de su idea del bien.

En asuntos que conciernen al ambiente –y esto incluye la alimentación y, en consecuencia, la salud—así como a las formas de vida propias de los distintos países, sostengo que cualquier política que no tiene en cuenta los intereses de las partes que se verán afectadas –a corto, mediano o largo plazo- así como la conservación de recursos para las generaciones actuales y futuras, puede incidir negativamente sobre la libertad y autonomía de sus ciudadanos. Tiene un impacto sobre su calidad de vida pero no les da la oportunidad de opinar o participar en el proceso de toma de decisiones que los afectan.

Me permito recordar que la democracia implica responsabilidad colectiva porque se trata de un bien común. Y es común porque no puede aumentar o decrecer para ningún miembro del grupo sin, simultáneamente, incrementar o decrecer para todos los demás miembros. Los ciudadanos entonces, no se preocupan solamente por su propio bienestar, sino por el de la comunidad toda. Y, en tanto ciudadanos, comparten la responsabilidad por las acciones de sus gobiernos.

Considero que las políticas relacionadas con los sistemas de gestión de recursos costeros, sus ventajas y sus riegos, actuales o potenciales, de corto y largo plazo, deberían estar abiertos a la discusión pública, pues es la población en su totalidad la que se verá afectada y se hará cargo de las consecuencias. Esto requiere como condición ineludible, proporcionar información clara, relevante, sustentada en estudios estrictos, y completa.

Es muy interesante la discusión actual en el campo de la filosofía política internacional relacionada con tema que nos ocupa. En pocas palabras, ante la pregunta ¿Hacia quién tenemos responsabilidades? Más sencillamente ¿quién es mi prójimo? ¿Debo ocuparme de él? ¿Por qué?—surgen dos posiciones:

I. Cada sociedad debe ocuparse de sus connacionales. Diversos elementos impiden elaborar una teoría política internacional –relativismo cultural, dudas sobre los posibles efectos de lo que se percibe como ‘moralismo’ sobre la política exterior, temor de que las normas internacionales adquieran mayor peso que los intereses nacionales.

II. Defienden la posibilidad de elaborar una ‘razón pública internacional’, análoga a la razón pública nacional.

Detengámonos en la segunda alternativa. Esta ‘razón pública internacional’ actuaría como marco normativo para evaluar pautas y consecuencias de la globalización en los diferentes ámbitos involucrados que, en mi opinión, deben incluir el ambiente y los recursos naturales de cada país. Esta corriente ha adquirido creciente relevancia desde la publicación de Teoría de la Justicia de J. Rawls en 1971, de raigambre fuertemente kantiana.

En el tema que nos ocupa, parecería enfrentar una tensión interna cuando se la aplica al terreno internacional:

a. Una de las premisas de dicha filosofía –el liberalismo, en su acepción anglo-sajona, no en el sentido en que se usa el término en América del sur– es el igualitarismo moral: todo ser humano, en tanto tal, merece la misma consideración moral. Queda fuera de cuestión cualquier trato diferencial sobre la base de razones meramente arbitrarias.

b. Históricamente, la garantía de equidad se aplica a quienes comparten la ciudadanía dentro del territorio de cada estado. No alcanza a todos y cada uno de los habitantes del mundo.

No obstante ello, la ciudadanía y el lugar de residencia parecerían tan moralmente arbitrarios como la raza o el género. ¿Cómo interpretar el estatus de las fronteras nacionales?

Veamos dos respuestas posibles:
1. Efectivamente es incoherente. Hay que reconocer la internacionalidad propia del pensamiento liberal y no aceptar que elementos arbitrarios como fronteras y ciudadanía obstaculicen la administración justicia. Sostienen que ceñir los dos principios de la justicia de Rawls –libertad básica igual para todos y el principio de la diferencia– a las circunstancias de las sociedades nacionales es una limitación moralmente ilegítima de su teoría.

2. Rawls formula objeciones a esta interpretación de su teoría. Él reemplaza la preocupación por la imparcialidad, propia del liberalismo, por las nociones de reciprocidad y tolerancia y sostiene que no corresponde aplicar la preocupación por la equidad distributiva al contexto global. Sostiene que su teoría de la justicia fue concebida en función de la estructura básica de la sociedad que, según su opinión, corresponde a estados-nación autosuficientes.

La primera postura –articulada por el cosmopolitismo de individuos– cuestiona el supuesto de estados-nación autosuficientes. Inclusive si la premisa fuera correcta, la teoría de justicia de Rawls deja de lado los problemas relacionados con los recursos naturales.

Los centros de poder económico son cada vez más poderosos y quedan fuera del alcance de regulación y control por parte de los estados individuales. Ya resulta difícil pensar en estos últimos como entidades auto-suficientes. Las instituciones internacionales, controladas y dominadas por los países más avanzados, imponen sus propias condiciones, que perjudican a los países pobres. Charlton/Stiglizt (2005) presentan análisis detallados de las condiciones imperantes en las negociaciones comerciales del GATT, luego OMC. La asimetría entre los participantes no permite albergar dudas sobre la inequidad de los tratados firmados. Los resultados de cada una de las rondas confirman la certeza de su análisis.

Varios pensadores proponen una perspectiva más cosmopolita y menos centrada en los estados. En buena medida, la distribución internacional de las ventajas del comercio y la inversión dependen del poder de los gobiernos nacionales para controlar el comportamiento de las empresas locales y transnacionales. En los últimos años, los foros internaciones han sido testigos de los reclamos de los países en vías de desarrollo exigiendo una participación más equitativa en las decisiones políticas globales.

Pogge (2001, 2002) agrega dos elementos de peso a este panorama. En el orden institucional global, cualquier grupo que controle los medios de coerción en un país, es decir, que detente el poder efectivo, recibe el reconocimiento internacional.

Cuando otros países establecen negociaciones con el primero, aceptan el derecho de quien domina el país de actuar en nombre de sus habitantes. De hecho, el orden internacional global confiere dos privilegios a quien detenta el poder en cualquier país:

- El privilegio internacional de solicitar y recibir préstamos
- El privilegio internacional sobre los recursos.

Muchos países en desarrollo son muy conscientes del primer privilegio: deuda externa mediante, o deuda odiosa –término acuñado en 1898 por Estados Unidos para evitar que España reclamara el reintegro del préstamo hecho al gobierno colonial de Cuba.

El segundo privilegio resulta particularmente relevante en el contexto de este trabajo. Permite realizar transferencias legalmente válidas de derechos de propiedad sobre los recursos naturales del país.

Dichos derechos son válidos en el mundo entero. Esto tiene efectos desastrosos en países pobres cuya economía se apoya sobre sus recursos naturales. Y por cierto, proporcionan incentivos fuertes a inversores extranjeros para ofrecer coimas a gobernantes de turno a cambio de tales recursos. (Tal es el sentido de la expresión ‘enfermedad holandesa’: la correlación negativa entre riqueza en recursos naturales y tasa de crecimiento económico en algunos países pobres. No me explayaré aquí sobre las coimas pero conviene recordar que el tango se baila de a dos, realidad magistralmente expresada por Sor Juana Inés de la Cruz en su Sátira filosófica. ¡En el siglo XVII!)

Para concluir, recordemos que los recursos forman parte de nuestro patrimonio. Es menester que:

- las autoridades y entes encargados de elaborar políticas al respecto dispongan de información exhaustiva y actualizada sobre todos los aspectos relevantes, consecuencias, riesgos y alternativas a la hora de tomar decisiones,

- los ciudadanos dispongan de información completa y clara sobre el tema y sobre las implicaciones de las políticas –o ausencia de políticas. Condición esencial para poder ejercer sus derechos de participar en los procesos de toma de decisiones que los afectarán a ellos y a sus descendientes.

Y somos nosotros, que tenemos conocimiento del tema desde diversos ángulos, quienes tenemos la responsabilidad de compartir la información pertinente, de manera que resulte comprensible por nuestros conciudadanos.

Esto nos permitirá construir juntos esa sociedad justa y humana que anhelamos, dentro y fuera de las fronteras.

María Teresa La Valle